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COVID-19
15 Mayo 2020
El Gobierno de Colombia ha tomado medidas de aislamiento preventivo, medidas en el sector Comercio, Industria y Turismo, y medidas sociales para mitigar el impacto del COVID-19 en la población y la economía nacional.

En la última semana sobresale el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, donde se decretó el Estado de emergencia social y económica por un término de 30 días.

 

Por su parte, el Decreto 636 del 6 de mayo de 2020 extendió el aislamiento preventivo obligatorio desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria.

 

Aquí, también se estableció que los gobernadores y alcaldes serán quienes adopten las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, y se limitó totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional.

 

En cuanto a las excepciones, se mantienen algunas fijadas en los anteriores decretos y se incluyen nuevos sectores que vuelven a la actividad, entre ellos:

 

La comercialización al por mayor y al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería, productos de vidrio y pintura; la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, reparación, mantenimiento, transporte, y distribución de las manufacturas de (i) vehículos automotores, remolques y semirremolques, (ii) motocicletas, (iii) muebles, colchones y somieres; la fabricación, mantenimiento y reparación de computadores, equipos periféricos, equipos de comunicación, electrónicos y ópticos; el comercio al por menor de combustible, lubricantes, aditivos y productos de limpieza para automotores, libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio; el comercio al por mayor de muebles y enseres domésticos; y el comercio al por mayor y por menor de vehículos automotores y motocicletas, incluidos partes, piezas y accesorios.

 

Por otro lado, el Decreto 639 del 8 de mayo de 2020 tiene por objeto crear el Programa de apoyo al empleo formal- PAEF, con cargo a los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias -FOME, como un programa social del Estado que otorgará al beneficiario del mismo un aporte monetario mensual de naturaleza estatal, y hasta por tres veces, con el fin de apoyar y proteger el empleo formal del país durante la pandemia.

 

Los beneficiaros son las personas jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos:

 

  1. Hayan sido constituidas antes del 1° de enero de 2020;
  2. Cuenten con un registro mercantil que haya sido renovado por lo menos en el año 2019. Este requisito únicamente aplica para las personas jurídicas constituidas en los años 2018 y anteriores.
  3. Demuestren la necesidad del aporte estatal, certificando una disminución del veinte por ciento (20%) o más en sus o más en sus ingresos.
  4. No hayan recibido el aporte de que trata el presente Decreto Legislativo en tres ocasiones.

 

Adicionalmente, la empresa debe tener una cuenta bancaria en una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

 

Es importante tener en cuenta que el decreto no aplica para:

  1. Las entidades cuya participación de la Nación y/o sus entidades descentralizadas sea mayor al 50% de su capital.
  2. Personas naturales que tienen empleados.

 

El Ministerio de Hacienda determinará el método para calcular la disminución en ingresos y la UGPP podrá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder al Programa.

 

Las empresas que cumplan con los requisitos establecidos deberán presentar, ante la entidad financiera en la que tengan una cuenta bancaria, los siguientes documentos:

 

  1. Solicitud firmada por el representante legal de la empresa, en la cual se manifiesta la intención de ser beneficiario del Programa de apoyo al empleo formal.
  2. Certificado de existencia y representación legal, en el cual conste el nombre y documento del representante legal que suscribe la comunicación del numeral primero de este artículo.

 

  1. Certificación, firmada por el representante legal y el revisor fiscal, o por contador público en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la que se certifique:
    1. El número de empleos formales que se mantendrán en el mes correspondiente a través del aporte estatal objeto de este.
    2. La disminución de ingresos, certificada por MinHacienda.
    3. Que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán, única y exclusivamente, destinados al pago de los salarios de los empleos formales del beneficiario.

 

El aporte estatal del PAEF será pagado durante mayo, junio, julio, de manera mensual, a aquellos beneficiarios que cumplan con los requisitos y procedimientos.

 

También es importante resaltar que, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar, este aporte estatal deberá ser restituido al Estado por parte del beneficiario cuando:

 

  1. El mismo no haya sido utilizado para el pago de los salarios de los trabajadores que corresponden al número de empleados, en los términos del parágrafo 1 del artículo 3 de este Decreto.
  2. Habiendo recibido el aporte, se evidencie que, al momento de la postulación, no cumplía con los requisitos establecidos.
  3. Se compruebe que existió falsedad en los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos para la asignación del aporte estatal del Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF. Para estos efectos, bastará comunicación de la entidad originaria de dichos documentos contradiciendo el contenido de los documentos presentados.
  4. El beneficiario manifieste que el aporte recibido fue superior al efectivamente utilizado para el pago de salarios de sus trabajadores del respectivo mes. Únicamente en el caso propuesto en este numeral, la restitución del aporte corresponderá a la diferencia entre lo recibido y lo efectivamente desembolsado para el cumplimiento del objeto de este Decreto Legislativo. La entidad financiera, a través de la cual se realizó el reintegro de este aporte, deberá certificar la restitución de dichos.

 

Asimismo, se estableció que estarán exentos del Graven de Movimientos Financieros:

 

  1. Los traslados de los dineros correspondientes a los aportes de los que trata el presente Decreto entre cuentas del Tesoro Nacional – Ministerio de Hacienda y las entidades financieras que dispersen los recursos.
  2. Los traslados de los recursos correspondientes a los aportes de los que trata el artículo 1 del presente Decreto Legislativo, entre las entidades financieras y los beneficiarios del PAEF.

 

Además, la comisión o servicio que se cobre por la dispersión de los recursos por parte de las entidades financieras a los beneficiarios del programa estará excluida del IVA. Dichos aportes son inembargables y no se pueden abonar para pago de obligaciones adeudadas con los bancos.

 

Finalmente, las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos los actores que participen en este Programa, deberán facilitar canales virtuales y, en la medida de lo posible, fomentarán el uso de los medios electrónicos para el cumplimiento de los requisitos, procesos y actos legislativos establecidos.

 

Medidas legislativas para el sector de metalmecánica

 

Además de las medidas resaltadas anteriormente, la resolución 522 del 8 de mayo también se destaca para este sector económico.

 

Los siguientes subsectores y cadenas tienen permitido el derecho a circulación, conforme a la Resolución 139 de 2012 de Clasificación de Actividades Económicas de la DIAN.

 

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Para tal fin, todos deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social, así como con las instrucciones que de manera complementaria adopten las entidades territoriales donde se encuentre el establecimiento.

 

La Secretaría municipal o distrital, o la entidad que haga sus veces, validará el cumplimiento de los protocolos.

 

Por su parte el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dispondrá de una aplicación tecnológica para que los representantes de las entidades territoriales reporten y registren los jueves de cada semana el número de empresas que solicitan su habilitación para reanudar actividades y de aquellas que disponen de autorización.

 

Medidas legislativas para el sector de industrias 4.0

 

Para este sector la Resolución 735 de 2020 establece protocolos de bioseguridad que deben ser adoptados.

 

Es así como se establecen los lineamientos para el manejo y control del riesgo de Covid 19 en la prestación de servicios de centros de llamada, centros de contacto, centros de soporte técnico, centros de procesamiento de datos, centro de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, y en los servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales.

 

Uno de los lineamientos consiste en que se debe disponer de un dispensador de alcohol glicerinado por cada 25 empleados en un área designada, de modo que se pueda hacer una adecuada higiene de manos, así como garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico en zonas comunes que no debe ser inferior a los dos metros.  

 

Además, se debe hacer limpieza y desinfección mínimo tres veces al día en baños, áreas comunes, manijas, ascensores, torniquetes, puertas, máquinas de café y cajeros automáticos, si los hay. Igualmente, dos veces en pisos, divisiones, muebles, sillas, puestos de trabajo, computadores y lockers.

 

En cada cambio de turno se deben limpiar y desinfectar los elementos de trabajo, como teclados, pantalla, mouse, teléfono y diademas. Semanalmente, se tiene que hacer desinfección especializada con vaporizadores de todos los pisos y áreas comunes o en cuanto sea identificado un caso.

 

Las reuniones presenciales deben evitarse, y en caso de que solo pueda ser de esta forma se debe tener en cuenta el distanciamiento entre personas de 2 metros, garantizando la ventilación y que todos los participantes utilicen tapabocas.

 

La asignación de turnos también es importante. Sin embargo, podrán realizar trabajo en forma presencial asesores que no cuenten con conectividad a internet en su hogar o no cumplan con las condiciones y estándares de seguridad para el manejo de la información. Así mismo, aquellos que por el trabajo que realizan con aplicativos no puedan hacer trabajo remoto por la criticidad de la información.

 

Por otra parte, se debe llevar un registro de ausencias por gripa o COVID-19 por áreas. De esta manera, se puede establecer si la operación o alguno de los trabajadores debe entrar a cuarentena para establecer un seguimiento y control ante un eventual contagio. 

 

Por último, hay que hacer monitoreo diario del estado de salud y temperatura del personal. Los que trabajen en casa deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura.

 

Domicilio y mensajería

 

Para quienes trabajan en este sector se emitieron diferentes recomendaciones:

 

Se debe realizar la limpieza y desinfección del vehículo donde se llevan los domicilios al comenzar y terminar su jornada; es obligatorio el uso de medidas de protección durante los desplazamientos; en la entrega de domicilios el uso de tapabocas y guantes es obligatorio; no se deben tomar pedidos presenciales; solo serán en línea o por teléfono; la forma de pago debe ser informada al cliente y, en la medida de lo posible, se debe evitar el pago en efectivo, si es en efectivo, la recomendación es pagar el valor exacto del producto para evitar recibir cambio; hay que llevar un registro de entregas de los clientes con dirección y teléfono, que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador o socio repartidor salga positivo para COVID-19; el distanciamiento mínimo es de 2 metros entre los domiciliarios o socios repartidores durante los desplazamientos. Igualmente, en el momento de la entrega de un domicilio; en los centros de reunión o cuando están a la espera de recibir algún pedido no se deben reunir en grupos mayores a 5 personas, manteniendo el distanciamiento mínimo y usando tapabocas: y el producto debe ir en doble bolsa. Este debe ser sacado de la bolsa y, al ingresar a la vivienda, sacado del empaque y ser lavado y desinfectado.

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